Martín Pérez
Cetemistas negociaran por lo menos 7% de incremento salarial
El líder de la Federación de Trabajadores de Morelos (FTM), Vinicio Limón Rivera, ya dio línea a los secretarios generales de los distintos sindicatos agremiados a esa organización en lo que se refiere al criterio para negociar los incrementos salariales con los empresarios.
Vinicio Limón señala que irán cuando menos por un siete por ciento y bien pudieran llegar al 10 o 12 por ciento en las revisiones salariales. Estos porcentajes, rebasan con mucho el criterio establecido por el gobierno federal, de acuerdo a los lineamientos de la nueva Ley Federal del Trabajo.
Los cetemistas se apoyarán en los dictámenes de los Comités de Productividad y Capacitación de las empresas, para que den a conocer el panorama de los beneficios que se han generado para las empresas en materia de competitividad.
En fin la situación económica cada día se torna más difícil y la clase trabajadora sigue siendo la más castigada. Los precios de los productos de la canasta básica van para arriba, sólo hay que ver hasta dónde quedó el kilo de huevo luego de que se decía que iba a regresar a los niveles anteriores. El transporte es caro. La tortilla es de los pocos productos que ha mantenido su precio durante el último año. Los productos cárnicos están fuera de las posibilidades de los trabajadores que ganan dos salarios mínimos o menos.
Para Vinicio Limón se ha deteriorado en un 40 por ciento el poder adquisitivo de los salarios, así que es apenas justo un aumento considerable.
Cada empresa es diferente, pero los criterios ahí están.
Ahora, este columnista estará al pendiente de la reacción del sector privado.
Se incrementa clima de inseguridad en el estado de Morelos; a 100 días del gobierno de Graco Ramírez: PRI
Los integrantes del grupo parlamentario del PRI en el Congreso local, coincidieron en que las cosas están peor en materia de seguridad pública en lo que va de la administración del gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu –con 100 días en el poder—en comparación con lo que sucedía durante la administración del panista Marco Antonio Adame Castillo.
Ante el recordatorio de que Graco Ramírez se impuso un plazo de 18 meses para mejorar las condiciones de seguridad pública en la entidad; el presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso local, Matías Nazario Morales, revira que esto fue arbitrario, nadie le autorizó al titular del Poder Ejecutivo ese plazo, no pidió permiso, ni nada por el estilo, la cuestión es que los ciudadanos queremos resultados de inmediato y 100 días de espera ha sido un buen plazo.
La postura de los legisladores priistas Humberto Segura Guerrero, Manuel Martínez Garrigós, José Manuel Agüero Tovar y Rosalina Mazari Espín es clara en el sentido de que el titular del Poder Ejecutivo debe revisar la actuación de la secretaria de Seguridad Pública, Alicia Vázquez Luna, y del fiscal del estado, Mario Vázquez Rojas.
Las cifras delictivas que reporta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en el año 2012 indican:
Robos: en el ámbito nacional, se cometieron 1.5 millones, en tanto que en Morelos fueron 42 mil 500, es decir, 2.7 por ciento del total nacional.
Robos con violencia: la cifra nacional fue de 650 mil, mientras en Morelos alcanzaron 7 mil 660 para promediar 1.17 por ciento respecto a la totalidad nacional.
En robos en carreteras, en la entidad se registraron 78, en tanto que en el país hubo 3 mil 215; el porcentaje en Morelos fue de 2.4.
En lesiones, el porcentaje local fue de 2.5, con 186 mil delitos en el país y 4 mil 660 en Morelos.
En el delito de homicidios, en Morelos se cometieron 1 mil 310 en tanto que el total nacional fue de 33 mil; el promedio en Morelos fue de 3.9 por ciento.
Delitos patrimoniales en México 212 mil 500, mientras en Morelos fueron 6 mil 300: el porcentaje fue de 2.9.
En secuestro, la incidencia reportada en Morelos es de 56 casos, es decir, uno por semana, y en el país se registran 13 mil. La proporción es de 0.4 por ciento.
Finalmente, en extorsión, tenemos un promedio de 4.5 por ciento de delitos cometidos en Morelos, 250, respecto al total nacional de 5 mil 545 casos.
Los porcentajes establecidos en la enumeración anterior son relevantes: robo, 2.7 por ciento; robos con violencia, 1.17 por ciento; robo en carretera, 2.4 por ciento; lesiones, 2.5 por ciento; homicidios, 3.9 por ciento; delitos patrimoniales, 2.9 por ciento; secuestro, 0.4 por ciento y extorsión, 4.5 por ciento
El hecho es que Morelos tiene sólo el 1.5 por ciento de la población total del país y esa proporción podría ser la razón matemática esperada en los registros delictivos. Pero no es así: nuestras cifras criminales son, lamentablemente, superiores a las del resto del país. En el caso de los homicidios, más del doble.
Por la importancia del documento, este columnista reproduce la postura de los diputados priistas:
En tanto, el gobernador advierte y amenaza a los nuevos presidentes municipales de que habrían de incurrir en responsabilidades incluso penales si no ceden el mando de sus fuerzas policiacas al gobierno del estado, para la creación del Mando Único, y utiliza los sucesos de Amacuzac (la muerte del director de Seguridad Publica desarmado) para forzar a los ediles que se resisten a quedar bajo el dominio del Poder Ejecutivo estatal. Y los responsabilizan por no hacer los trámites burocráticos a tiempo.
Los acontecimientos de los últimos días se suman a otros más, en los que se trasluce la indolencia del Estado respecto a su compromiso con los morelenses.
En el mes de diciembre, Morelos fue escenario de un hecho delictivo: el atentado en contra de Crisóforo Rogelio Maldonado Jiménez, "El Bocinas", presunto líder del cartel de "Los Rojos" en Morelos y Guerrero, y de su lugarteniente Antonio Román Miranda, "La Moña”. La liberación de ambos, en un suceso poco claro, deja entrever que las autoridades policiacas fueron incapaces o están coludidas con la delincuencia. El posterior asesinato de Crisóforo Rogelio Maldonado, “El Bocinas” muestra el grado de seguridad que nos ofrece el gobernador con la pretendida coordinación con autoridades de otras entidades federativas: es decir, ninguna.
En enero de este año, el día 4, fue asesinado el responsable de la Seguridad Pública municipal de Amacuzac, Mayor Justo Buenaventura Jaimes Villareal. No se trató de un hecho aislado sino una serie de acontecimientos que se han registrado y en los cuales las autoridades persisten en la omisión y la abdicación de sus responsabilidades.
Amacuzac es un municipio que constituye un foco rojo en Morelos. Y lo es, porque las señales de advertencia han estado presentes desde hace tiempo y la autoridad no ha actuado conforme a derecho, quizá porque cree estar dentro del plazo de gracia de 18 meses del que habla el gobernador.
El homicidio en agravio de Justo Buenaventura Jaimes Villareal, en Amacuzac, se registró luego de una presunta amenaza de muerte de la cual tuvieron conocimiento el propio presidente municipal, Noé Reynoso Nava, y el senador Fidel Demédecis Hidalgo.
Apenas el sábado 5 de enero, Rogelio Pimentel Trujillo, primo del diputado local Isaac Pimentel Rivas, fue asesinado en el municipio de Ayala.
Y en el ámbito estatal, aún no son esclarecidas las desapariciones de Jessica Cerón Salinas, desde agosto de 2012, y de Viridiana Rodríguez Morales. Por lo que se ve, el aporte del gobierno estatal a la indagatoria es la publicación de inserciones periodísticas donde se pide la colaboración ciudadana en una responsabilidad propia del Ministerio Público.
En suma, y por supuesto, con base en las cifras delictivas señaladas en un principio, se ha extendido y profundizado el deterioro de la seguridad pública en el estado de Morelos, agravado por la incapacidad gubernamental de brindar garantías a sus gobernados. Peor aún: en algunos casos, integrantes de los aparatos de justicia se han aliado con delincuentes, por conveniencia económica o por temor a represalias.
Jesús González, Silvia Salazar y Miguel Ángel Colín establecen relaciones institucionales con Graco Ramírez
Los presidentes municipales de Cuautla, Jesús González Otero; Jiutepec, Silvia Salazar Hernández; y, Temixco, Miguel Ángel Colín Nava, sostuvieron encuentros por separado con el gobernador del estado, Graco Ramírez Garrido Abreu.
Los temas de las conversaciones fueron lo relacionado a la seguridad pública y la intención de crear una Policía de Mando Único en la entidad; y, en segundo plano, lo relacionado a los problemas económicos que les heredaron sus antecesores.
Jesús González reportó pasivos por más de 472 millones de pesos.
Silvia Salazar declaró que los pasivos llegan a 150 millones de pesos, más el crédito de 200 millones.
Mientras que Miguel Ángel Colín no reveló una cifra, pero dejo en claro que la situación económica de Temixco no es tan preocupante como en otras localidades.
En fin a nivel nacional, la tendencia es que no habrá programa de rescate económico para gobiernos estatales y municipales, así que en caso de que Graco Ramírez siga la misma línea y se ciña al Presupuesto de Egresos del gobierno del estado autorizado por el Congreso local, no podrá poner en marcha un programa estatal de rescate financiero a ayuntamientos y los alcaldes tendrán que rascarse con sus propias uñas.
Se contempla en la agenda próxima del titular del Poder Ejecutivo estatal reuniones con los nuevos presidentes municipales.
Hasta aquí llegó la tinta por hoy.
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