Concesionarios exigen aumento a tarifa de transporte
Martín Pérez / Columna Ojos Ciudanos La Opinión
Los dirigentes de Rutas Unidad de Cuernavaca, Aurelio Carmona Sandoval, y de la Federación del Transporte de Cuernavaca, Dagoberto Rivera Jaimes, el viernes pasado, hicieron pública su exigencia de un incremento de la tarifa mínima del transporte de 5.50 a 9 pesos a las autoridades estatales.
Fue hasta éste lunes, cuando el secretario de Gobierno del estado, Oscar Sergio Hernández Benítez, les contestó que no hay ninguna autorización y que en estos momentos se analiza su petición en el seno del Consejo Estatal del Transporte.
Aurelio Carmona y Dagoberto Rivera justifican que el último incremento a la tarifa mínima del transporte fue autorizado el pasado 3 de agosto del 2009 y que año con año las autoridades tienen la obligación de revisar las tarifas, asimismo que año con año han perdido entre 1 a 1.20 pesos por lo que en estos momentos requieren de los 9 pesos o en caso de que continúe la misma tarifa, los concesionarios caerán en graves problemas económicos.
Aurelio y Dagoberto revelaron que las autoridades estatales les pidieron que no trataran el tema sino hasta después de las elecciones, puesto esto representaba un riesgo social, pues seguro se iba a politizar. Así que ambos respetaron el acuerdo y por esa razón dieron a conocer su postura.
Existe la posibilidad de que el titular del Poder Ejecutivo, Marco Antonio Adame Castillo, y los demás integrantes de la Comisión Consultiva del Transporte, le den largas al asunto y dejen la responsabilidad a la siguiente administración que será encabezada por Graco Ramírez Garrido Abreu. Al fin y al cabo que ya se van.
Las autoridades estatales deben mediar entre el interés general y de un grupo de concesionarios del transporte.
Solo hay que imaginar lo que pasará en miles de hogares morelenses, sí en lugar de pagar 5.50 la tarifa mínima tienen que pagar 6.50 o 7.00 pesos. El gasto familiar se elevará y tendrán que decidir entre trasladarse en ruta a sus trabajos, escuelas y otras actividades, o comprar tortillas, huevo o algún otro producto de la canasta básica, porque los salarios no se han incrementado al mismo ritmo que los precios de los productos básicos, la energía eléctrica, la gasolina, el gas y el servicio de agua potable. El poder adquisitivo de la clase trabajadora se ha mermado gravemente durante las últimas dos décadas.
De acuerdo con las cifras proporcionadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el IMSS, el salario medio de cotización, al mes de junio, es de 260 pesos 40 centavos, o sea son 7 mil 812 pesos mensuales.
Si tomamos en cuenta ésta cifra, nos daremos cuenta que en efecto, un aumento a la tarifa mínima del transporte le pegará mucho al bolsillo de la mayoría de las familias morelenses.
Desde mi óptica, los concesionarios son personas que no están acostumbradas a trabajar, que viven de un beneficio que les otorgó el que fuera gobernante en turno.
Usted ciudadano, ha visto manejar las unidades del transporte colectivo a Aurelio Carmona y a Dagoberto Rivera Jaimes.
Este columnista la verdad nunca los he visto sudar la camiseta a ambos y a los demás concesionarios.
Por cada unidad, tienen un chofer y un posturero, o sea los concesionarios, no trabajan, solo están acostumbrados a recibir la cuenta diaria, sin importarles la salud o bienestar de sus trabajadores y sus familias.
Así, que no vengan a exigir aumento en la tarifa.
Claro, que los concesionarios invierten su capital en las unidades, las cuales tienen un valor de 800 mil a 1 millón 100 mil si se trata de un autobús con capacidad para 40 pasajeros.
Desconozco cual es la cuenta que deben entregar los choferes diariamente, la cual varía de acuerdo a cada ruta, pero creo que es de entre 1 mil 200 a 800 pesos diarios. En promedio serían 1 mil pesos.
Se calcula que cada concesionario tiene ingresos de 30 mil pesos al mes por unidad, a lo cual hay que quitarle algunos gastos de mantenimiento y un fondo para renovar la unidad, por lo que les quedan unos 20 mil pesos libres de paja y polvo y sin pagar impuestos.
Una persona que gana un salario de 20 mil pesos al mes, con ocho horas de trabajo, finalmente les quedan líquidos unos 14 mil pesos, pues tiene que pagar impuestos, por lo que no hay comparación alguna.
Desde aquí un llamado a las autoridades estatales, para que exijan a los concesionarios de cada unidad, que la trabajen ellos mismos y que dejen de vivir del sudor ajeno.
Se calcula que un 30 por ciento de las 20 mil unidades, que circulan por todo el territorio estatal, son vehículos viejos, que no garantizan la seguridad de los usuarios.
Ante éste panorama, hay que recordar que en las declaraciones que hicieron Dagoberto Rivera y Aurelio Carmona especificaron que no darán descuentos a estudiantes, personas de la tercera edad y discapacitados, así de gandallas se vieron ambos líderes.
En el estado de Morelos contamos con uno de los peores servicios de transporte colectivo de pasajeros de todo el país, además de que es caro, lo cual se debe sin duda a la falta de sensibilidad social de los concesionarios, que son simples hombres y mujeres de negocios que ven por su interés personal. Los concesionarios entre más ganen mejor y por eso exigen un incremento desproporcionado de la tarifa y sin descuento para ningún sector social.
Aurelio Carmona y Dagoberto Rivera a unos días de la elección, a nombre de sus organizaciones, se pronunciaron a favor del candidato de los partidos de izquierda a la gubernatura, Graco Ramírez Garrido Abreu, por lo que se amarraron el dedo antes de cortárselo, como dice el dicho.
Graco Ramírez ha propuesto la creación de la Secretaría del Transporte y la Movilidad, así que los concesionarios del transporte no deben esperar el apapacho gubernamental durante los próximos seis años, sino más bien deberán cumplir con el compromiso social que adquirieron al recibir la concesión. Los ciudadanos tenemos la esperanza de que el próximo mandatario estatal meta al orden a estas personas que gozan de un beneficio económico sin sudar la camiseta.
Este columnista estaría de acuerdo en que fueran autorizadas nuevas concesiones y las actuales fueran canceladas, con la finalidad de que los nuevos concesionarios se comprometan a trabajar ellos mismos los vehículos y de esta manera se lograría bajar la tarifa y los ciudadanos tendríamos un mejor servicio.
Duro contra los flojos y vividores del sistema.
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